GERMÁN PLAZAS & ABOGADOS ASOCIADOS

La obligación de acreditar la cuota de contratación de personas con discapacidad se verifica en junio de 2026, pero aún no existe decreto reglamentario que defina cómo calcularla. El criterio más probable es tomar los trabajadores reportados en la PILA del período anterior, coherente con prácticas usadas en la pandemia. Por ello, las empresas deben monitorear su PILA en los meses previos a esa fecha.

Cuando el empleador contrata a una persona con discapacidad conociendo previamente esa condición, no surge el fuero de estabilidad laboral reforzada. Para evitar riesgos, se recomienda que el proceso de selección esté dirigido a personas con discapacidad, que el contrato deje constancia de ello y que la empresa documente ese conocimiento previo. Esto reduce riesgos de reintegros o autorizaciones ante el Ministerio del Trabajo.

Muchas empresas creen erróneamente que solo quienes tienen más del 50% de pérdida de capacidad laboral cuentan para la cuota de discapacidad. La normativa reconoce múltiples tipos: visual, auditiva, cognitiva, psicosocial, movilidad, sordoceguera y múltiple, sin exigir porcentaje mínimo ni origen específico. Entender esto es clave para calcular correctamente la cuota y evitar incumplimientos.

La cuota de discapacidad no se calcula por áreas o proyectos, sino sobre el total de trabajadores vinculados al NIT del empleador. La regla es: 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 en los primeros 500, y 1 adicional por cada 100 desde el trabajador 501. Una empresa con 1.200 trabajadores debe tener aproximadamente 17. Calcularlo correctamente evita sanciones por incumplimiento.